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DEBATE PERPETUO

23 noviembre, 2009
Juan Antonio Nemi Dib

Le pregunté a Genaro Góngora Pimentel, aún Ministro de la Suprema Corte y ex presidente de la misma si consideraba propicia una convocatoria a congreso constituyente para redactar una nueva constitución. Respondió al margen de lo jurídico, con la visión práctica de quien ha trabajado para el poder judicial durante 40 años. Me dijo nítida que en la actual circunstancia política del país, una convocatoria de ese tipo propiciaría que los distintos grupos que tienen presencia en la vida nacional intentaran favorecer sus propios intereses.

No entró en detalles; no profundizamos si se refería a los partidos o a las corporaciones con peso económico, a las organizaciones sociales, a los gobernantes o a todos. Sin embargo, su afirmación resultó reveladora; en pocas palabras, el jurisperito hizo referencia a un escenario complejo, uno de cuyos principales componentes son los grupos de poder enfrentados en razón de sus conveniencias particulares. Aunque el doctor Góngora no uso esas palabras, yo lo interpreto como una lucha de facciones, una pelea por los beneficios –individuales o de grupo— que ni entiende ni mucho menos asume la idea de un interés general, de un proyecto común y útil para todos.

Si revisamos algunos compontes del “estado de cosas” en México, el argumento del Ministro adquiere gran relevancia: confrontaciones públicas y privadas en todo y por todo, diferencias irreconciliables entre los distintos actores de la vida nacional, excesivo protagonismo de ciertos conglomerados económicos, imposibilidad de concretar acuerdos duraderos sobre asuntos trascendentes, partidización e ideologización aún de los asuntos más intrascendentes, pérdida progresiva de eficacia en el funcionamiento de las instituciones, especialmente las responsables de garantizar la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia, disminución del papel arbitral del Estado, que pasa a convertirse en sólo uno más de los actores al que la delincuencia organizada le disputa su legitimidad y su capacidad de operar como debiera, por encima de toda la sociedad.

Cualquiera me dirá con razón que el conflicto permanente es el sino inevitable de México: federalistas y centralistas, liberales y conservadores, reeleccionistas y anti reeleccionistas, laicos y clericales, republicanos y monárquicos, criollos y mestizos, pro yanquis y anti yanquis, latifundistas y agraristas, demócratas y autoritarios; me mostrarán también que en todas las naciones y en toda la historia, dentro de cada comunidad hay visiones diferentes, a veces contradictorias, que suelen estar en tensión. Alguien acudirá al concepto de lucha de clases o a la teoría de caos para ponerme en mi sitio.

El asunto es hasta dónde estas posiciones confrontadas se mantienen dentro de los límites de un sistema institucional, asumiendo como válidas, universales e inviolables un conjunto de reglas básicas, obligatorias y útiles para todos; y cuándo esas perspectivas opuestas se convierten en irreductibles, facciosas y aún capaces de subvertir la estabilidad del país, disolviendo los elementos de acuerdo y concordia que lo hacen viable. Por enriquecedora y democrática que sea, toda confrontación tiene un límite, a partir del cual se convierte en destructiva, perniciosa.

A propósito de visiones encontradas, en 1981 Carlos Tello y Rolando Cordera publicaron un conocido ensayo, “La Disputa por la Nación”, que analizaba dos visiones posibles para el desarrollo de México: por un lado el modelo nacionalista que “supondría la reactualización del proyecto… de desarrollo esbozado de manera embrionaria en la Constitución de 1917 y que en los años treinta fue llevado adelante y dotado de contornos más precisos por el movimiento popular, particularmente la clase obrera organizada, y por el grupo gobernante encabezado por el Presidente Cárdenas. Este proyecto plantea la necesidad de realizar un vasto programa de reformas económicas y sociales con el propósito de lograr, en el plazo más breve, una efectiva integración económica nacional y una disminución sustancial de la desigualdad y la marginalidad social prevalecientes.”

En el otro extremo se referían al “modelo neoliberal” que, según los autores traería consigo “el predominio de las fuerzas sociales y las formas de organización económica que de modo creciente han dominado la evolución del país a partir de la posguerra. Tal predominio se expresaría no sólo en los espacios económicos superiores y modernos, sino en todos los ámbitos de la vida estatal, la cultura y las relaciones sociales. Todo lo anterior, además, sucedería dentro de la perspectiva de una acelerada integración global con la sociedad norteamericana. Una estrategia de este corte contempla la necesidad de un periodo de ajuste estructural de duración indeterminada, durante el cual casi indefectiblemente se generaría una situación de mayor marginalidad y polarización económica y social, sin menoscabo de que, al mismo tiempo, se produjeran un mayor consumo y un crecimiento económico relativamente rápido. Lo anterior, a su vez, casi seguramente redundaría en un mayor deterioro del contenido de masas que todavía caracteriza al Estado mexicano, lo cual, en consecuencia, pondría en peligro la estabilidad y la vigencia del orden jurídico-institucional.”

A 28 años de distancia, hay elementos suficientes para determinar quién venció en aquélla disputa y qué modelo de país se impuso. Aunque el análisis de Tello y Cordera no está exento del optimismo de esas épocas (la evolución social del país… estaría “basada en una potencialidad económica considerable, ahora ampliada significativamente con el petróleo…” decían) no es menor su carácter profético: 50 millones de pobres, 20 millones de ellos extremos, son suficientes para corroborar lo del “deterioro del contenido de masas” y de “mayor marginalidad y polarización económica y social”. 16 mil homicidios violentos en 3 años y 90% de impunidad en la comisión de delitos de todo tipo confirman su advertencia de “peligro para la estabilidad y la vigencia del orden jurídico-institucional”.

¿Era mejor el otro modelo, el derrotado?, ¿nos habría destinado un horizonte más próspero, más seguro y más justo para todos? Imposible saberlo. Ni la historia como sucesión progresiva de hechos ni las ciencias rigurosas dedicadas al análisis de los fenómenos sociales admiten el “hubiera”. Además, no faltará quien diga que estamos mejor hoy que hace 28 años. Lo que sí podemos saber con relativa precisión es quiénes se han beneficiado –y se siguen beneficiando— con el actual rumbo del país, independientemente de su deterioro y de la identidad y el volumen de los perjudicados, los “paganos”, los muchos que siguen perdiendo para que muy pocos sigan ganado. La otra pregunta que cabe es si se puede enderezar el rumbo, si sería posible un replanteamiento para el futuro de México, que no necesariamente se sitúe en ninguno de los extremos del espectro ideológico, que se aleje de radicalismos pendulares y asuma un proyecto común, en el que todos o, al menos la gran mayoría, podamos coincidir. ¿O acaso estamos condenados a seguir debatiendo mientras el país se desbarata? antonionemi@gmail.com

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