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REFORMAS NECESARIAS

27 octubre, 2009
Juan Antonio Nemi Dib

El triunfo de Vicente Fox en las elecciones del año 2000 es el referente de una transición política que puso fin a la hegemonía del PRI y abrió las opciones para el ejercicio del poder público al más alto nivel del Gobierno: la presidencia de la República. No fue un proceso instantáneo dado que evolucionó durante varios años y se fue consolidando progresivamente; tampoco fue lineal: nadie diseñó un calendario para ejecutarlo y tampoco hubo –al menos públicamente— un pacto o acuerdo para que se llevara a cabo. Distintas fuerzas e intereses en pugna se fueron acomodando y al final, el voto ciudadano fue determinante para que por primera vez en casi siete décadas gobernara un partido diferente, sin violencia de por medio.

Esta nueva realidad electoral significó, necesariamente, una modificación del sistema político mexicano que hizo saltar por los aires muchos mecanismos de control y gobernabilidad –basados en reglas escritas, los menos, y en la costumbre, la mayoría de ellos—; el ejemplo más visible, que no el único, es el hecho de que los gobernadores dejaron de tener en el Presidente a un jefe político y su cuota de poder y libertad para ejercerlo dentro de sus estados creció exponencialmente, en algunos casos a niveles extremos y no siempre favorables al interés general.

Cuando el entonces Gobernador de Jalisco “destapó” a Felipe Calderón como su candidato a la presidencia, se hizo evidente que ni siquiera los gobernadores panistas aceptaban subordinarse al Presidente panista en turno, algo impensable unos cuantos años antes, en que la menor indisciplina –y a veces ni eso, una mera intriga— bastaba para convertir al desobediente en un paria, en un desterrado o en un reo.

Otro gran problema del Estado tiene que ver con la crisis de legitimidad de nuestros sistemas de representación y las dificultades de los partidos políticos dentro del Congreso de la Unión para conciliar las necesidades sociales con sus propios intereses, como se ha hecho evidente con el reciente aumento de impuestos, que han provocado rechazo y hasta encono entre la gente. Al margen de las deliberadas campañas de descrédito que desde hace dos décadas atribuyen a diputados y senadores, principalmente a los primeros, la responsabilidad de todos los males posibles como una manera de quitarle los golpes a otros poderes y niveles de gobierno, es evidente la disfuncionalidad de muchos procesos legislativos e incluso, de la composición de las cámaras.

No hay nuevas reglas para enfrentar esta nueva realidad política y a causa de ello se producen desajustes, tensiones y conflictos difíciles de solucionar, que complican aún más el ya enredado escenario nacional. En otras palabras: las deficiencias e insuficiencias del Estado como ente jurídico son causa de muchos otros problemas. La principal evidencia de esto es la cada vez mayor incapacidad de las autoridades para garantizar la vida, la integridad y los bienes de la gente, función primaria, esencial e irreductible de Estado y Gobierno, sin la cual lo que sigue es la generalización de la violencia y la anarquía, es decir, el “Estado fallido”.

Es obvio que México vivió una transición política legitimada en las urnas, pero inconclusa y limitada, con vacíos que de no llenarse, acabarán con la poca eficacia que le queda a nuestro cada vez más obsoleto sistema institucional. Algunos elementos de nuestra nueva realidad política son positivos, incluyendo el hecho de que la figura del presidente supremo y su poder absoluto hayan quedado atrás, pero en cambio hay deficiencias y vicios del pasado que no sólo prevalecen, sino que se exacerbaron, además de que aparecieron nuevos factores de conflicto.

Hace varios años que se habla de la reforma del Estado, en cuya necesidad coinciden prácticamente todos los actores sociales; en algún momento se ha planteado la necesidad de otro pacto social –una nueva constitución— pero los problemas del día a día, las crisis de coyuntura y, también, el hecho de que una innovación de ese calado, si fuera real y profunda, acabaría con prebendas, privilegios y cierta dosis de anarquía que hoy permite a quien quiera hacer lo que quiera (empezando por la impunidad de delincuentes, evasores fiscales, servidores públicos deshonestos, etc.), así como la perseverancia de los actores políticos en proteger sus intereses particulares antes que el general de la Nación, alejan mucho la posibilidad de ese gran acuerdo pendiente para darnos viabilidad y un futuro cierto.

Por ejemplo: ¿imagina usted a López Obrador y Gómez Mont en la misma mesa, redactando en conjunto una iniciativa de ley o, al menos, conversando sobre sus coincidencias sobre un tema cualquiera? En política, las posiciones irreconciliables, explicables o no, actúan siempre en perjuicio de la mayoría. Y, tristemente, el México de hoy está plagado de posturas antagónicas e irresolubles; dentro y fuera de los partidos, la disputa por el poder –gubernaturas, presidencia, alcaldías— lo envenena todo. ¿Cuántas decisiones se están tomando –o dejando de tomarse— por las expectativas de los partidos de ganar las próximas elecciones en los estados o las presidenciales en 2012?

Suponiendo un milagro, que por una vez se dejaran de lado las facciones y los provechos personales, pretendiendo que TODOS estuviéramos dispuestos a someternos plenamente a un régimen de derecho justo y a cumplir puntual y responsablemente las obligaciones que implica el ejercicio de la ciudadanía en un régimen republicano y democrático, que los partidos se subordinaran de una vez y para siempre a las necesidades sociales, que se mirara con respeto y equidad a los pobres y marginados, que se pusiera fin a privilegios y “regímenes especiales” –no únicamente en el ámbito fiscal— y que los empleos de gobierno dejaran de verse como botines, ¿hacia dónde deberían dirigirse las reformas?, ¿qué es lo que debiera cambiarse para mejorar al País y reducir sus inequidades e injusticias?

Hay una lista de temas, inmediatos y de largo plazo, que tendrían cabida en una agenda nacional: las instituciones que no funcionan o lo hacen parcialmente y que han de actualizarse o de plano sustituirse; las leyes que no se ajustan a la realidad y son, por tanto, inaplicables; las nuevas entidades y normas que se requieren y que por una u otra razón no se han puesto en marcha; las “malas prácticas políticas” que prevalecen como herencia del pasado y que siguen usándose como soportes de la acción gubernamental (el corporativismo es sólo una de ellas); los mecanismos de procuración e impartición de justicia… Próximamente intentaré un acercamiento a algunas ideas de cambio deseable.

La Botica.- Grima, desazón, disgusto, frustración. Todo eso nos causa la actual situación de México. El debate legislativo –y el desempeño de sus protagonistas— sobre los ingresos fiscales para los gobiernos es sólo un reflejo. Ojalá se iluminen y actúen con más decencia y responsabilidad. antonionemi@gmail.com

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