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[IN] JUSTICIA

27 julio, 2009

Juan Antonio Nemi Dib

Puede parecer dramático y hasta exagerado pero es un hecho cierto que la historia demuestra una y otra vez: las naciones que carecen de un sistema legal sólido, que se respete y se cumpla, caminan más o menos rápido hacia su autodestrucción. Esto se puede proponer en sentido inverso: la viabilidad de cualquier país está condicionada por la existencia de un conjunto de reglas eficaces que garanticen el desarrollo de sus ciudadanos y la permanencia de sus instituciones en condiciones de estabilidad, certidumbre y confianza.

Y la solidez de las normas legales no se mide por la complejidad o la abundancia de éstas, sino por el imperio que tengan, es decir, por su rigurosa aplicación generalizada, por encima de la voluntad de las personas y por la disposición de los individuos regulados para cumplir –sin objeciones, exclusiones ni excusas— dichas reglas de conducta.

Dado que ningún Estado ha sido ni será capaz de colocar un policía de tiempo completo para garantizar la buena conducta de cada ciudadano, las sociedades legalmente organizadas parten del principio de que la mayoría de la gente respetará y atenderá intencionalmente y con agrado las reglas de aplicación colectiva sin necesidad de represión, mientras que los infractores –se supone— serán excepcionales y, por ende, minoritarios. En el mismo sentido, las naciones que se organizan a partir de un conjunto de leyes de aplicación general, dan por sentado que es más beneficioso para todos –en lo individual y en lo colectivo—, más útil y más rentable, más seguro y más estimulante, cumplir las reglas que transgredirlas.

Pero… ¿qué ocurre cuando los violadores de la ley dejan de ser minoría?, ¿qué pasa cuando las infracciones a las normas legales se vuelven más beneficiosas que su cumplimiento?, ¿cuál es la consecuencia de que la actitud delictiva tenga una rentabilidad mayor que las actividades lícitas y sujetas a reglas?, ¿qué le espera a un país cuando la mayoría de sus habitantes deben convivir con fuerzas extralegales que igualan o superan la capacidad de las instituciones y ponen en peligro su vida, su integridad y su patrimonio?, ¿cuál es la consecuencia de que la mayor parte de los delitos y faltas a la ley permanezcan sin castigo?, ¿qué pasa cuando la conducta delictiva es premiada con impunidad, estatus y altos niveles de ingreso, mientras que las buenas prácticas ciudadanas se convierten en riesgosas?

Numerosos teóricos del Estado coinciden afirmar que la responsabilidad primaria de éste es garantizar a sus súbditos la vida y el patrimonio legítimo. Cuando las condiciones no lo permiten, es decir, cuando ni los bienes, ni la integridad ni la existencia misma de los ciudadanos se pueden proteger mediante mecanismos legales y universales, es que se habla de “Estado fallido”, de acuerdo con el concepto puesto en boga por agencias gubernamentales de los Estados Unidos de América para referirse a Somalia, a Afganistán, a Pakistán y… en algún momento a México, aunque después hayan enmendado la plana, calificando de héroe al presidente Calderón por su lucha contra el narcotráfico.

Es muy cómodo y políticamente correcto culpar de lo que nos pasa a las autoridades responsables de aplicar la ley y garantizar su cumplimiento porque además tiene mucho de cierto: la ineficacia, la corrupción y la falta de compromiso de los servidores públicos es responsable en gran medida de este prolegómeno de la destructiva guerra de todos contra todos, descrita por Thomas Hobbes en su famoso “Leviatán”. Pero, ¿acaso los ciudadanos somos inocentes?, ¿cuál es el nivel de responsabilidad social en la crisis de legalidad que “vive México”?

No son estas preguntas una salida retórica ni mucho menos un pretexto para eludir la enorme e inocultable red de complicidades y la perversión de buena parte de nuestros aparatos de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia; nadie en su juicio podría negar que la mayor parte de los mexicanos con frecuencia desconfían y con razón temen a inspectores, policías, agentes del ministerio público y jueces de todos los niveles ni que es un descrédito ganado a pulso. No se puede ocultar que se trata de una grave patología social, cuando las autoridades responsables de proteger a la gente causan temblores en las corvas y deseos de alejarse de ellas, en lugar de tranquilidad y confianza.

El Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, revela –con cifras de 4 años atrás— que al menos 30 millones de mexicanos mayores de 18 años han sido víctimas de uno o más delitos, que 75% de los delitos no se denuncia, que 63% de los denunciantes quedaron insatisfechos con la respuesta y el proceder de las autoridades, que 46% de los robos se cometieron con violencia y que una de cada diez viviendas en el país ha sido robada al menos una ocasión. Otras fuentes que seguramente han de actualizarse, a propósito de la guerra del Gobierno contra los cárteles de droga, hablan de que hay un secuestro por cada cien familias y de que 91% de quienes cometen delitos no sufren consecuencia alguna por sus faltas. Agréguese a ello la escalofriante cifra de once mil quinientos ejecutados violentamente durante la primera mitad del actual sexenio.

No todo está en el ámbito criminal: el análisis es incompleto sin observar los asuntos civiles, familiares, mercantiles, laborales, administrativos, electorales y de cualquier ámbito que pasan por laberintos sucios de “chicanada”, el “cochupo”, la “mordida”, la “gratificación” obligatoria al actuario judicial, la falsificación de testimonios, el extravío de probanzas y, en general, el torcimiento de la ley; el paso por las demoras deliberadas que niegan el espíritu de la justicia. Principalmente, es cierto, por los funcionarios que ponen precio a una consignación mal hecha, a una absolución, a una sentencia benévola o a una inmerecida libertad anticipada y por la interpretación de las leyes a modo, como ocurrió con los señores Rodríguez y Cabal, entre muchísimos otros, cuyas insanas fortunas y su libertad para gozarlas impunemente agravian pero también ejemplifican a los que permanecemos “en el error”.

Reformas legales irán y vendrán; algunas francamente preocupantes, como la última en vigor, de dudosa eficacia y clara conculcación de garantías constitucionales. De nada servirán sin un auténtico cambio de actitud de las personas que nos lleve a buenas prácticas ciudadanas, al cumplimiento riguroso de las obligaciones que todos tenemos con la comunidad de la que formamos parte, desde no tirar basura en la calle y respetar el sueño de los vecinos hasta su vida y sus bienes – que evidentemente no nos pertenecen—, hasta pagar puntual y completamente los impuestos, pensar en el interés general antes que en el propio y educar a nuestros hijos en la cultura del servicio, la solidaridad y la tolerancia. De otro modo, seguiremos viviendo en la injusticia y en camino a la destrucción, culpando a los demás.

antonionemi@gmail.com

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