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LOS RIEGOS DE NO VOTAR O ANULAR EL VOTO

17 junio, 2009
ALFREDRO TRESS JIMÉNEZ

La Lista Nominal Nacional para elegir a 500 diputados Federales el próximo 5 de julio es de 77 millones 481 mil 874 ciudadanos. Para el estado de Veracruz se registraron y disponen de su credencial para votar con fotografía 5 millones 210 mil 210 veracruzanos, que tienen el derecho Constitucional para poder elegir a las personas que conformarán la LXI Legislatura Federales.

De acuerdo a la lista nominal nacional, cada diputado electo, 300 de elección directa y 200 de representación proporcional, sí votaran por cada uno de ellos el 100% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, representarían a 154,963.74 ciudadanos. Sin embargo, se espera que acudan a las urnas el 40% como normalmente sucede en elecciones intermedias, luego entonces ejercerán su derecho de sufragar 30´992,749.6 ciudadanos. Lo que significará que cada uno de los 500 diputados electos pudieran representar ha 61,965.49 personas; no obstante, debemos considerar que más del 50% no vota por el ganador, sumados los 92,998.25 ciudadanos que no acudieron a las urnas o anularon su voto, por lo que los diputados que integrarán la próxima legislatura no estarán legitimados, ya que realmente votarán por ellos, sin bien les va, una quinta parte de los potenciales votantes, por lo que los ciudadanos que no acuden a las urnas o anulan su voto, perderán la oportunidad de poder exigir cuentas claras a los próximos diputados en el desempeño de sus funciones. El no votar es el equivalente a no tener derecho a exigir.

Lo que se debe alertar después del 5 de julio, es que la legitimidad y gobernabilidad del próximo Congreso tendrá graves consecuencias para el ciudadano. Basta recordar lo que aprobaron los partidos llamados grandes en contra del pueblo; más impuestos (IETU y 2% a depósitos en efectivo); incrementos a la gasolina, corriente eléctrica y gas, aprobación del presupuesto de egresos desprotegiendo al campo, la salud y educación entre otros; el crecimiento de nuestro país será nulo, aproximadamente para este año decreceremos en un 7% del Producto Interno Bruto, lo que redunda no tan solo en no generar nuevos empleos, sino el despido de miles de mexicanos de sus fuentes laborales.

Si se observara una baja votación, debería valorarse reformar la Constitución para obligar al ciudadano a votar, no solo como un derecho, sino como una obligación, el razonamiento que justificaría la necesidad de recurrir a esta medida está claro: como ciudadanos y miembros de una comunidad, no vivimos como células aisladas, sino que estamos en una constante interacción con aquellos que nos rodean, es necesario establecer más normas, en las que se impongan una serie de derechos – pero también de obligaciones – a todo aquel que quiere vivir en sociedad. Y, de forma paralela, como todos disfrutamos de derechos humanos y políticos como la vida, la salud, la educación, la libertad ideológica, de expresión y de conciencia; también nos vemos sujetos a una serie de obligaciones: respetar el imperio de la ley, cumplir con nuestras obligaciones tributarias, participar en la vida política y jurídica, etc.

Mi opinión en este sentido es que, igual que es nuestro deber pagar impuestos, también lo debería ser ir a votar: un estado no se puede mantener sin impuestos, de la misma forma que tampoco se puede mantener sin la legitimidad que le otorga el respaldo mayoritario en las urnas al gobierno. Así pues, esta razón ya es suficientemente por si sola para justificar la imposición de esta medida.

Ha sido éste el argumento utilizado en los 32 países que en la actualidad obligan a sus ciudadanos a votar para imponer este sistema. Sin embargo, las diferencias entre los distintos sistemas son bastante notables, y nos dan una serie de pistas sobre qué diferentes modelos podríamos aplicar en nuestro país. El primero de ellos, inspirado en los casos de Argentina o Austria (hasta 1992), implicaría únicamente introducir el voto como un derecho irrenunciable y, por tanto, como una obligación, pero sin ningún tipo de medida correctiva para asegurar su cumplimiento. El segundo, vincularía el hecho de votar o no con el acceso a diferentes derechos o servicios públicos o privados. En Bélgica, quien no vota de forma repetida pierde definitivamente su derecho al sufragio. En Perú o Grecia, los no votantes no tienen acceso a los servicios producidos en oficinas públicas. Por último, una medida extrema para asegurar el voto de los ciudadanos, sería castigar el incumplimiento de esta obligación con medidas sancionadoras, de tipo meramente económico (en Australia, la multa oscila entre los 20 y los 100 dólares).

Obviamente, esta medida también presenta muchos inconvenientes; por ejemplo, podría incrementar el ‘voto al azar’ y el voto nulo, favoreciendo a los partidos de derecha o de izquierda, con mensajes populistas, aumentando el rechazo a la democracia como sistema. Sin embargo, lo más importante sería que la imposición del voto podría entenderse como una infracción de los derechos básicos de la ciudadanía que, por definición, no son irrenunciables. Aunque tengamos libertad religiosa, no tenemos por qué profesar una religión; el hecho de tener derecho a votar no implica, desde un punto de vista legal, la obligación de ir a las urnas. Y es así como está establecido en nuestra Constitución. A diferencia de los derechos humanos (derecho a la vida, a la libertad, a la intimidad, al honor, a la tutela judicial efectiva, entre otros), que son irrenunciables, el derecho al voto es un derecho político, igual que el derecho a participar en partidos políticos, el derecho de manifestación, el derecho de petición, el derecho al sufragio pasivo. Así pues, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico actual, no se puede imponer la obligación de votar, por más que desde el punto de vista normativo nos parezca adecuado. En conclusión, si existiera voluntad política de imponer esta medida, sería necesario reformar la Constitución y, posteriormente, la Ley de Régimen Electoral de Partidos; sin embargo, las fuerzas políticas mayoritarias no permitirían que desaparezcan sus cuotas de poder, ya que es visto en la historia electoral de nuestro país, que entre más vota el ciudadano, lo hace por partidos diferente a los llamados grandes.

Por eso le apuestan a que el ciudadano no vote o anule su voto, para continuar disfrutando de las mieles del poder, poniéndose de acuerdo en las decisiones camerales para favorecer a los más poderosos y olvidarse de los más necesitados que es la mayoría de los mexicanos.

Para Concluir vale la pena conocer un dato antes de 1970, con voto obligatorio, la abstención en Holanda oscilaba en torno al 5%. Después de esta fecha, en el momento en que los holandeses no están obligados por ley a acudir a las urnas, la abstención aumentó hasta el 21%, siendo gobiernos menos legítimos y consecuentemente con problemas de gobernabilidad.

¿Valdrá la pena votar este próximo 5 de julio?, o anular nuestro voto para continuar permitiéndoles a los partidos y a los políticos tradicionales, que sin representación que los legitime, continúen haciendo de las suyas en el poder público. ¿Usted que Opina?

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