Skip to content

Discurso de José de Jesús Mancha Alarcón el la LXI Legislatura veracruzana en materia de seguridad y punto de acuerdo

9 mayo, 2009

GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE………..

H. MESA DIRECTIVA DE LA H. LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ.

En materia de seguridad ha habido sin duda cambios trascendentes en la vida de los mexicanos esto trae como consecuencia un tejido estructural en las leyes respectivas de cada Estado, y es que recientemente tuvimos una reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, esto trajo sin duda un cambio singular en la preservación del Estado de derecho y en la administración de justicia en nuestro país y por ende a nuestro Estado.

La reforma citada logró el consenso de las diferentes fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión, en pos de la mejora y consolidación del sistema de justicia y de las instituciones encargadas de la seguridad pública en nuestro país.

Para ser mas explícitos, las recientes modificaciones fueron a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 constitucionales, el legislador mexicano partió de una realidad social que sirvió de motivación por las diferentes opiniones, reclamos y ante el inminente clamor de justicia y de los ciudadanos quienes cansados de vivir ante la zozobra constante y el miedo permanente a ser blancos fáciles de los delincuentes.

En nuestro Estado no podemos quedarnos omisos ante la inminente avanzada de la delincuencia, y que a su vez pasa necesariamente por dotar a las instituciones policiales de mayores atribuciones encaminadas a que éstas colmen con mejores métodos y técnicas las funciones de prevención, investigación y combate de los delitos.

Así pues, la consolidación del Estado de derecho por medio de la salvaguarda de la libertad, el orden y la paz pública, se constituye en la razón de ser de la actividad policial.

Por otra parte es digno apuntar que en fecha reciente esta LXI dio entrada a la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado, sin embargo es prudente señalar el hecho de que en su artículo 173 señala textualmente “Artículo 173.- Se equiparara al delito de usurpación

de funciones públicas, la prestación ilegal de servicios de seguridad privada, sancionando a quien, sin contar con autorización vigente expedida por la Secretaría, preste servicios en cualquiera de las modalidades de seguridad privada a que se refiere el presente Título.

A quien incurra en esta conducta se sancionará con pena privativa de libertad de cuatro a seis años de prisión y con multa de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado.

Artículo 174.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de quinientas veces el salario mínimo, al que promueva, dirija, organice, incite, compele o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio de seguridad

privada en el Estado, sin contar con la autorización expedida por la Secretaría en términos del presente Título”.

Lo anterior es muy positivo e importante ya que en la actualidad operan por demás de manera irregular empresas de las consideradas y coloquialmente conocidas como “patito” o “piratas” las que sin un ordenamiento especifico, ni reguladas por ninguna Ley brindan servicio a particulares quienes depositan su confianza en ellas, lo que origina inseguridad y además muchas veces estas operan con gente no capacitada y además tendiente a realizar actos en contra de le Ley, por lo que se considera muy positivo establecer una sanción penal para este tipo de actos que en nada contribuyen al desarrollo y a la seguridad de los Veracruzanos; sin embargo por lo mismo de considerar adecuada esta propuesta es necesario que quede debidamente integrada a nuestro Código Penal en el Estado y no dentro de la Ley de Seguridad Pública citada, ya que de no hacerlo así generaría incertidumbre Jurídica entre los sujetos activos que actualicen su conducta a estas hipótesis, y sobre todo y lo mas importante quedarían sin sanción por aplicarles un procedimiento por demás irregular, por lo que les facilitaría a sus abogados defensores obtener un no ejercicio de la acción penal, una negativa de orden de aprehensión, un auto de sobreseimiento, libertad o una sentencia absolutoria, máxime que no debemos olvidar que solo quedan plasmadas en la ley respectiva las conductas que son consideradas como sanciones administrativas y no así las penales las cuales deben quedar asentadas en el Código Penal respectivo por los motivos que a continuación menciono.

El artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consigna como garantía de exacta aplicación de la Ley en materia penal, la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, por lo que con tal garantía es obligación del Legislador emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito, con la finalidad de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria de la autoridad aplicadora, pero sobre todo que exista un tipo específico en el Código Penal, y así cumplir con los lineamientos que la doctrina pero sobre todo con los principios de del derecho en este caso el de Seguridad Jurídica y el de exacta aplicación de la Ley.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Soberanía la presente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 258 BIS. Y 258 TER. DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Para quedar como sigue:

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 258 Bis. y 258 Ter. del Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 258 Bis.- Se equiparará al delito de usurpación de funciones públicas, la prestación ilegal de servicios de seguridad privada, sancionando a quien, sin contar con autorización vigente expedida por la Secretaría, preste servicios en cualquiera de las modalidades de seguridad privada a que se refiere la ley respectiva.

A quien incurra en esta conducta se sancionará con pena privativa de libertad de cuatro a seis años de prisión y con multa de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado.

Artículo 258 Ter.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de quinientas veces el salario mínimo, al que promueva, dirija, organice, incite, compele o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio de seguridad privada en el Estado, sin contar con la autorización expedida por la Secretaría en términos de la ley respectiva.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 7 DE MAYO DEL 2009.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MANCHA ALARCON.

ES CUANTO.

DIP. FERNANDO GONZALEZ ARROYO.
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

P R E S E N T E.

El que suscribe, C. Diputado José de Jesús Mancha Alarcón, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 33 fracción IV y 38 de la Constitución Política del Estado; el articulo 33 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y los artículos 8 fracción XI y 132 del reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Es lamentable la situación de inseguridad que prevalece en nuestro Estado, la impunidad con la que algunos delincuentes se pasean por las calles es sorprendente y hasta cierto punto descarada, a este penoso cuadro le debemos sumar la falta de profesionalismo y ética con la que se conducen las autoridades encargadas de velar por la seguridad de todos los Veracruzanos sin distinción de siglas ni colores. Es por ello que el Partido Acción Nacional alza la voz y se inconforma, a la vez de que le solicita al Procurador General de Justicia en el Estado, sea imparcial en sus declaraciones y deje sus preferencias partidistas para mejor ocasión; y es que basta con leer las declaraciones que realizó en días pasados después del artero robo del que fue objeto el Partido Acción Nacional para darnos cuenta de que esta autoridad se conduce de manera por demás irresponsable y es que el Lic. Salvador Mikel Rivera, declaró ante los medios de comunicación que “Hay cosas que no están muy claras pero que yo no puedo revelar porque están en la investigación ministerial que ya se abrió pero efectivamente hay unas contradicciones en la declaración”.

Así también mencionó que al parecer los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado (tres y media de la mañana) pero la denuncia se interpuso hasta el medio día”. Mire señor Mikel aquí cabria decirle que si se interpuso la denuncia hasta esa hora es precisamente por la ineficacia con la que actúan, una buena cantidad de empleados suyos, en este caso el Oficial Secretario de guardia que atendió el asunto, ya que siendo alrededor de las 7am el señor Arian Gabriel Hernández, se presentó ante la Agencia Séptima del Ministerio Público precisamente a presentar la denuncia, sin embargo el personal de guardia le dijo que se esperara porque había “mucho trabajo”, siendo por este motivo por el que se tuvo que presentar hasta casi al medio día como usted lo precisa, mas no por otra cuestión anómala ni sospechosa como usted lo trata de encuadrar. Caer en esta hipótesis estaríamos afirmando que cualquier víctima que desafortunadamente por cuestiones ajenas a ella y por negligencia de algunos oficiales Secretarios (–ojo-) algunos no todos, se consideraría su declaración sospechosa y carente de veracidad. Imagínense cuantas personas están en esta hipótesis, al que ser realistas y poner el dedo en la llaga definitivamente las cosas no andan del todo bien en esa dependencia, ya en reiteradas ocasiones mi compañero el Dip. Antonio Remes, mediante anteproyectos de punto de acuerdo ha solicitado diversas explicaciones al señor Procurador, que van desde situaciones de sueldos, malos manejos en esa dependencia, hasta los últimos acontecimientos como extravios de expedientes, y en este caso especifico fuga de información, ya que lo que declaró el denunciante ARIAN GABRIEL HERNÁNDEZ, que de ninguna manera son hechos aislados, y si por el contrario hechos recriminables y sobre todo sumamente delicados por la forma en que ocurrieron, es bastante sospechoso y deja en entre dicho la secrecia que debió tener la Agencia Séptima de esta Ciudad Capital, ya que prácticamente su declaración fue reproducida por algunos medios de comunicación y por gente aparentemente muy ajena a los hechos, como el propio Dirigente estatal del PRI, Jorge Carvallo así como una persona de apellidos Vázquez Maldonado este último fue mas allá y haciéndola de detective y Policía Ministerial declaró que ningún vecino se percató de tal evento, con lo que queda demostrado una actitud poco ética pero sobre todo irresponsable ya que incluso se pone en peligro la seguridad del propio ARIAN GABRIEL HERNÁNDEZ, quien como cualquier ciudadano sufrió un ataque que no se le desea a nadie. Aparte de que alguien de esa Agencia Investigadora definitivamente incurrió en lo estipulado por el numeral 348 del Código Penal Vigente y que habla precisamente de “Revelación de Información Reservada”.

Por otra parte, hago un llamado al Procurador Salvador Mikel Rivera, para que en este proceso electoral que ya estamos viviendo se apegue a la legalidad y transparencia, no con declaraciones desafortunadas sino con hechos que lo dignifiquen como el abogado del estado que es, por ejemplo en el Distrito de Tuxpan, en candidato del PRI es hermano del Subprocurador de aquella Zona de nombre Tomás Cristóbal Cruz, aparentemente pareciera que no tendría nada de malo, sin embargo el pasado lunes 4 de mayo el Lic. Tomás Cristóbal Cruz, convocó a una reunión con los Agentes del Ministerio Público de su Zona, para ser mas exactos en el hotel Plaza Palmas de Tuxpan, con la única y tradicional consigna de apoyar en todo al candidato del PRI, o sea a su hermano; por lo que esta fracción considera prudente que el Procurador de Justicia cambie de adscripción al Subprocurador de la Zona Norte Tomás Cristóbal Cruz, al menos mientras dura el actual proceso electoral, con la finalidad de trasparentar y asegurar un proceso limpio y parcial por el bien de ese Distrito y en general de todos los Veracruzanos, recordándole que es el Procurador de TODOS LOS VERACRUZANOS.

Hasta aquí era el discurso original, sin embargo en nuestro Estado, suceden cosas extrañas momento a momento y precisamente el día de ayer nuestro candidato a la Diputación por el Distrito de Córdoba el señor Carlos Hermosillo Goycortua, al estar realizando recorridos propios de la campaña en la que participa fue objeto de actos por demás ofensivos, por parte de autoridades policiales ya que patrullas entre las cuales está identificada la 0055 con lujo de violencia le cerraron el paso al candidato como si fuera un delincuente, impidiéndole su libre transito violando su garantía individual consagrada en el artículo 11 de Nuestra Carta Magna en un claro abuso de Poder; Por otra parte también el Dip. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, fue objeto de un acto violento en donde incluso hubo disparos, es extraño que precisamente al Partido Acción Nacional y a sus candidatos les ocurran estos lamentables hechos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 33 fracción IV y 38 de la Constitución Política del Estado; el artículo 33 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y los artículos 8 fracción XI y 132 del reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO.

ÚNICO.- SE EXHORTA AL GOBERNADOR FIDEL HERRERA BELTRÁN, INSTRUYA AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, LIC. SALVADOR MIKEL RIVERA, PARA QUE SE ABSTENGA DE REALIZAR DECLARACIONES PÚBLICAS, EN TORNO A INVESTIGACIONES MINISTERIALES QUE SE RELACIONEN CON PARTIDOS O ACTORES POLÍTICOS, PARA NO ENRRARECER EL AMBIENTE POLITICO-ELECTORAL EN ESTE PROCESO; ASÍ COMO INICIE DE OFICIO DOS INVESTIGACIONES MINISTERIALES, UNA EN CONTRA DEL PERSONAL DE LA AGENCIA SEPTIMA, POR HECHOS PRESUMIBLEMENTE DELICTUOSOS ENCUADRADOS EN EL ARTÍCULO 348 DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO INICIE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL OFICIAL SECRETARIO QUE ESTUVO DE GUARDIA EL SABADO 2 DE LOS CORRIENTES, Y OTRA EN CONTRA DE LOS POLICIAS QUE INTERCEPTARON AL CANDIDATO A DIPUTADO POR CORDOBA CARLOS HERMOSILLO GOYCORTUA; ASÍ COMO CAMBIE DE ADSCRIPCIÓN AL SUBPROCURADOR REGIONAL DE JUSTICIA ZONA NORTE LIC. TOMÁS CRISTOBAL CRUZ, AL MENOS MIENTRAS DURE ESTE PROCESO ELECTORAL, CON EL FIN DE TRASPARENTAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL MISMO.

A T E N T A M E N T E.

XALAPA DE ENRÌQUEZ, VERACRUZ A 7 DE MAYO DEL 2009.

Anuncios
No comments yet

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: